INTROCUCCIÓN

“En sociedades como las nuestras en América Latina, las normas legales que protegen los derechos ciudadanos son simples declaraciones, no se cumplen. El ejercicio de los derechos ciudadanos y la defensa de los derechos de la Madre Tierra se hacen motivados por mi convicción de que, en algún momento, se hará realidad lo escrito en las normas legales que versan sobre derechos humanos. Pero estoy convencido que esta lucha debe ser permanente, sacrificada y colectiva, pues los esfuerzos individuales no son suficientes para lograr ello, como me ha enseñado mi propia experiencia de vida”.

Wilfredo Saavedra 2019

LA STORIA

Wilfredo Estanislao Saavedra Marreos

Niñez y adolescencia

Wilfredo Saavedra nació el 13 de noviembre de 1955, en la otrora Hacienda Casa Grande, productora de azúcar, de propiedad de Juan Gildemeister (de nacionalidad alemana), en la localidad de Casa Grande, hoy distrito del mismo nombre, comprensión de la provincia de Ascope, Departamento y Región La Libertad, Perú.

Wilfredo Saavedra es el primero de cuatro hijos habidos de la relación matrimonial entre Flavio Saavedra Bacón e Idelsa Marreros Vásquez, – ambos de procedencia campesina, y ambos nacidos también en Casa Grande. El padre de Wilfredo Saavedra se desempeñó como obrero en dicha hacienda, la misma que luego se transformó en Cooperativa Agraria y que, hoy en día, opera nuevamente en empresa privada.

Entre los años 1960 a 1974, Wilfredo Saavedra realizó sus estudios primarios y secundarios en la Escuela Fiscal Francisco Bolognesi y el Colegio Nacional Casa Grande.

Estudios universitarios

Luego estudió la carrera profesional de Derecho y Ciencia Política en la Universidad Nacional de Trujillo entre los años 1976 a 1983 y se graduó como Abogado.

“Desde cuando ingresé a la Universidad Nacional de Trujillo (Departamento de La libertad), me esforcé mucho en la conquista del medio pasaje [reducción de precios para el transporte público] de los estudiantes de nivel superior. Junto a otros estudiantes mucho mayores que yo, conseguimos se nos otorgara ese derecho. Claro me costó un gran esfuerzo. Perdí el reloj de oro de mi querida madre (lo portaba como único recuerdo de su existencia). Me detuvieron en comisarías en varias oportunidades. Organicé el Frente de Estudiantes de Nivel Superior del Valle Chicama, donde se ubica territorialmente Casagrande (fui su primer Presidente). Luego, me sucedió en el cargo mi hermano Benito, quien continuó haciendo respetar este derecho. Allí empezó mi vocación para servir a mis semejantes” (Wilfredo Saavedra).

Entre los años 1982 a 1983, realizó sus prácticas pre profesionales como estudiante de derecho, en la Corte Superior de Cajamarca, Región Cajamarca.

Wilfredo Saavedra apoyó, entre 1982 a 1986, a Amnistía Internacional, con actos de solidaridad con personas de otros países cuyos derechos habían sido violados.

1983-1989

En ese mismo período, Wilfredo Saavedra se incorporó al Comité Departamental de Defensa de los Derechos Humanos de Cajamarca (CODEH-CAJ),  organismo creado por el Obispado de Cajamarca y su representante, Monseñor José Dammert Bellido. Desde el Departamento de Acción Social (DAS) la iglesia católica de Cajamarca, junto a reconocidos ciudadanos, promovía la defensa de los derechos humanos, ante la ofensiva de la Policía y el Ejercito que dedicaban sus esfuerzos a capturar o privar de sus libertades principalmente a campesinos y campesinas, sometiéndolos a crueles e inhumanos tratos. Esto ocurría en el contexto de la insurgencia del grupo Sendero Luminoso que, a partir del año 1982, coloco a muchas familias entre la espada y la pared, comprometiéndolos con su accionar en el proceso de violencia política, resultando ser quienes sufrían los embates de las “fuerzas del orden”, terminando muchos de los mismos, o presos por muchos años y/o como víctimas mortales de tal situación. Por esta razón, el Sr. Saavedra se ha comprometido, entre los años 1983 a 1989, en la labor de defensa de los derechos de los afectados ciudadanos en las provincias de Cajabamba, San Marcos, Celendín, San Miguel, Bambamarca, Chota, San Miguel, Contumazá, San Pablo, conjuntamente con el sacerdote Miguel Garnet (inglés y nacionalizado peruano), otros sacerdotes y monjas; Walter Vela, Jaime Aliaga, los abogados José Leonidas Castillo Román y Ramón Alvarado Aliaga. A partir de estos esfuerzos se incentivó la creación de otros Comités de Defensa de los Derechos Humanos provinciales, lo que no fue del agrado de las “fuerzas del orden”, pues ya a esa fecha se tildaba a Wilfredo Saavedra y sus colegas de “abogados terrucos”.

Simultáneamente, Wilfredo Saavedra ejercía la profesión de Abogado en la localidad de San Marcos, provincia del mismo nombre, en la Región Cajamarca, entre los años 1984 a 1987, donde instaló su estudio jurídico independiente.

Entre los años 1985 a 1987, Wilfredo Saavedra fue Presidente del Frente de Defensa de los Intereses de San Marcos (FEDIP-SM), en la provincia del mismo nombre y contribuyó con su esfuerzo personal y profesional a la fundación de la Federación Provincial de Rondas Campesinas de la misma provincia; esfuerzo que se prolongó hasta el año 1989. Promovió la defensa de los derechos ciudadanos y denunció los actos de corrupción del Juez Instructor de dicha provincia en este período.

Luego, entre los años 1987 a 1989, Wilfredo Saavedra fue nombrado como Defensor de Oficio (de personas indigentes) asignado al Segundo Tribunal Correccional de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca. Paralelamente, prestaba asistencia legal gratuita a casi todas las organizaciones sindicales y populares de la época: los sindicatos de Sedacaj y Pronaa; las Federaciones Provinciales de Rondas Campesinas (cuatro organizaciones), las representaciones de trabajadores de Mercados, de Minoristas y Mayoristas, la Federación de Vendedores Ambulantes, entre otras.

En setiembre del año 1989 fue designado Presidente del Comité Departamental de Defensa de los Derechos Humanos de Cajamarca. A finales del mismo mes, luego de asumir la defensa de algunos detenidos por delito de terrorismo, entre ellos, de estudiantes de la Universidad de Cajamarca, Wilfredo Saavedra fue convocado por el Jefe de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP) de Cajamarca, para seguir ejerciendo la defensa de los mismos, en su condición de defensor de oficio. Esta convocación se convirtió en una “trampa“: Al apersonarse a dicha dependencia policial, Wilfredo Saavedra fue aislado en la oficina donde se conferenciaba con los detenidos, sin que se le explicara la razón o motivos de tal enclaustramiento desde las 10 de la mañana hasta aproximadamente las 12 de la noche, para luego ser torturado.

1989-1999

A la fecha de su detención, Wilfredo ya fue casado con su esposa Irma Esther Chuquisapon Cerna, con quien procreó dos hijos – Tania y Luis – y quienes en ese momento recién tuvieron la edad de un año y ocho meses, y dos meses, de nacidos, respectivamente.

Ya en la condición de detenido, Wilfredo Saavedra fue sometido a diversas torturas; que en su momento fueron denunciadas ante el representante del Ministerio Publico de esa época, sin tener protección legal alguna, en la medida que, la Policía Nacional no respetaba siquiera el fuero del Fiscal Provincial el mismo que se encontraba sometido a las disposiciones que daban los miembros de “la fuerza del orden”. Las torturas continuaron por el lapso de once días, con el claro objetivo de que Wilfredo Saavedra se auto inculpara como integrante del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), sin que esto haya podido ser logrado.

En el fuero judicial, luego de ser trasladado desde la sede policial (después de los 15 días de reclusión establecida por ley) Wilfredo Saavedra denunció a sus torturadores, a quienes pudo reconocer por su voz y, posteriormente, los identificó plenamente por la cercanía con los efectivos policiales en sus sedes institucionales, en su condición de Defensor de Oficio. En el Tercer Juzgado de Instrucción de esa época se admitió una investigación por el delito de Lesiones y Abuso de Autoridad contra tres efectivos policiales (dos capitanes y un alférez), lo que terminó con un informe final y acusación fiscal con petición de penas privativas de sus libertades contra los denunciados al haberse acreditado de tratos inhumanos y degradantes durante la detención de Wilfredo Saavedra, quien llegó a la sede judicial con el antebrazo izquierdo con doble fractura como uno de los resultados visibles de los delitos cometidos por los policías. El proceso jurídico instaurado contra los miembros de la policía fue derivado al Fuero Privativo Policial Militar, donde “desapareció” el expediente.

Desde el primer día de su detención en la sede policial y en el fuero judicial (investigación y enjuiciamiento) Wilfredo Saavedra reclamaba por su inocencia, sin que haya podido ser escuchado por quienes le detuvieron y juzgaron (salvo por uno de los mismos – Dr. Luis Ruiz Vigo –  Vocal del Primer Tribunal Correccional de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, quien emitió voto discordante y absolutorio, en minoría. Los miembros del Tribunal que le juzgaron estuvo compuesto por tres Vocales Superiores.

Las pruebas inculpatorias en su contra se basaron en las declaraciones de algunos de los detenidos – que también fueron torturados – en la sede policial, en las que se le acusó ser “colaborador, miembro o integrante del MRTA”, así como de haber participado en un atentado contra el Juzgado Mixto de la provincia de San Marcos, Cajamarca, en el año 1988. El Juez Instructor de aquella época, abogado Simón Damacén Mori, declaró en su contra. Esta ocasión le fue propicio, en la medida que, este Juez con anterioridad había sido denunciado por distintos delitos cometidos en perjuicio de la población de la provincia de San Marcos.

Wilfredo Saavedra fue condenado a diez años de pena privativa de su libertad, en un proceso parcializado, donde los propios magistrados demostraron estar presionados por la Policía y el Ejército. El tiempo de su reclusión (1989 – 1999) pasó en distintos penales del país: Cajamarca; El Milagro, Trujillo – La Libertad; Castro Castro – Lima y finalmente Huacariz – Cajamarca). Después de recuperarse en salud (alrededor de los primeros seis meses de reclusión), Wilfredo Saavedra laboró en distintas manualidades que en los penales se desarrollan, destacándose como uno de los mejores talabarteros (repujado en suela o piel de vacunos y ovejas), lo que le permitió contribuir en parte en la manutención de su familia.

El régimen carcelario se caracterizó – al menos durante los dos primeros años – por ser uno sin restricciones, pues pudo tener visitas diarias o inter diarias de su esposa y su hija, así como de otros familiares, amigos y de representantes y miembros de las organizaciones sociales a las que apoyaba como abogado. Wilfredo Saavedra también fue elegido como uno de los representantes de los presidiarios y, como tal, impulsaron actividades de asesoría legal y de alfabetización; se organizó una biblioteca y se obtuvo asistencia médica y alimentaria, gracias al apoyo de distintas personalidades y la población de Cajamarca, por el lapso de dos años (1990 – 1992).

Luego de la ascensión a la Presidencia de Perú de Alberto Kenya Fujimori y del auto golpe de 5 de abril de 1992, Wilfredo Saavedra fue trasladado a la prisión El Milagro en Trujillo, Región La Libertad, donde permaneció por el lapso de un año. En ese centro le sometieron, junto a otros reclusos, a condiciones infra humanas de vida: encierro celular por 23.5 horas diarias; media hora de patio; una sola comida preparada en las peores condiciones; a tomar agua depositada sin control sanitario; una sola visita al mes; a constantes y permanentes acosos psicosociales por parte de la policía que custodiaba los pabellones, entre otros tratos vejatorios.

A finales de 1993 fue trasladado a la fuerza al penal de máxima seguridad de Castro Castro, Lima, para “reemplazar en sus celdas” a los internos que habían sido asesinados por la Policía, permaneciendo en peores condiciones de trato, sin poder escribir ni leer; sin comunicación con el exterior; con una visita al mes, sin contacto físico sino a través de mallas y por solo media hora; con una comida diaria; con quince o treinta minutos de patio; sin poder trabajar y menos poder ejercer cualquier reclamación bajo pena de ser sancionado con maltrato físico y aislamiento celular indefinido; viviendo en celdas bi personales (2.80 mts. por 1.80 mts.) con dos camas de cemento y compartiéndola con otros dos internos.

En 1994 Wilfredo Saavedra fue trasladado al penal de máxima seguridad de Huacariz de la ciudad de Cajamarca, Región Cajamarca, donde permaneció hasta el 29 de setiembre de 1999, en que fue liberado por cumplimiento de sentencia. En dicho penal, el encierro celular continuó por etapas, Wilfredo Saavedra pudo trabajar desde las 06 hasta las 18 horas. Ya en estos últimos años de encierro, logró el apoyo de la Dirección del penal para que pudiera compartir sus actividades laborales con las de asesoría legal en favor de los reclusos, organizando un consultorio jurídico en convenio con la Universidad Nacional de Cajamarca que delegaba a estudiantes de los últimos años de la carrera de derecho para que asistan al penal en forma diaria y prestar apoyo jurídico, bajo la dirección de Wilfredo Saavedra. También se logró abrir talleres de zapatería, sastrería, talabartería, juguetería, afianzando el dictado de clases por profesores del Ministerio de Educación con su reconocimiento oficial.

Al momento de cumplirse su sentencia, habían transcurrido diez años hasta poder ver por primera vez a su hijo Luis, quien hasta ese momento fuera criado por su padre Flavio Saavedra. Por razones financieras / materiales, su esposa solo había podido criar a la hija durante la reclusión de Wilfredo Saavedra.

2000-2009

Wilfredo Saavedra decidió afrontar su nuevo status de reincorporado a la sociedad y batirse contra corriente con el prejuicio de “abogado terrorista”, instalando su consultorio jurídico en la ciudad de Cajamarca, recibiendo el mejor de los calores humanos por parte de los más pobres de esta jurisdicción que nunca le olvidaron. También se incorporó como docente en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de Cajamarca, en la que laboró entre los años 2000 al 2004;  desempeñándose además como Director de Defensa Gremial y Vice Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca, representado por distinguidos hombres de derecho (Decanos) como son, los señores abogados Ramón Alvarado Aliaga (ya fallecido), Carlos Alarcón Gálvez, Jaime La Torre Arana, Absalón Álvarez Alvarado y Numan Roger Urteaga Miranda. Con los dos últimos, Wilfredo Saavedra participó como representante del gremio de abogados de Cajamarca en una de las más grandes movilizaciones populares en defensa del Cerro Quilish, que provee de agua para la población Cajamarquina hasta la actualidad y, que pretendía ser explotado por la empresa minera Newmont a través del proyecto minero Yanacocha (años 2002-2004).

Su participación como abogado en esta movilización ciudadana se vio fortalecida con la representación de otros colegios de profesionales. En 2002, se organizó junto a los gremios de médicos, ingenieros, periodistas, enfermeras, obstetras, contadores, sociólogos, veterinarios y odontólogos, la Asociación de Colegios Profesionales de la Región Cajamarca (ACOPROCA), con quienes se amparaba las constantes reclamaciones que formulaban los campesinos de las zonas de influencia minera, en relación a los peligros que se cernían sobre sus vidas, la de sus animales y cosechas y, también contra el ecosistema existente en dicho cerro, cuya explotación resultaba perjudicial para toda la población en su conjunto. Como resultado de esta movilización el Cerro Quilish, hasta la fecha, se encuentra protegido evitándose su explotación.

Entre los años 2004 al 2010, Wilfredo Saavedra continuó con su labor de abogado comprometido con los sectores populares, prestando apoyo a las distintas organizaciones de rondas en las zonas rurales, en tareas de capacitación y defensa de sus derechos; así como a otras instituciones similares en el ámbito urbano en Cajamarca y otras provincias de la Región, básicamente para contribuir en la defensa de los derechos de las poblaciones afectadas por las actividades mineras. Importa también distinguir el esfuerzo que había desarrollado en las actividades de promoción de los derechos ciudadanos junto al Comité Distrital de Rondas Urbanas de Cajamarca, representados por su Presidente, el señor Ernesto Terrones Saucedo, tanto como también su contribución para el fortalecimiento de la Juntas Vecinales de Cajamarca (24 organizaciones), hasta el año 2017, cuando las representaba el señor Gabriel Gonzales Delgado.

En ese mismo tiempo, Wilfredo Saavedra ayudó a impulsar actividades de solidaridad con el pueblo de Cuba. Se organizaron Casas de Amistad Peruano-Cubanas en las provincias de San Marcos, Celendín, Chota, Cajabamba, Bambamarca, Cajamarca y Contumazá, con el objeto de difundir y generar conciencia en relación al atropello de los derechos de ese pueblo y su gobierno con la imposición de un embargo financiero, económico y comercial; tanto como en la defensa de los derechos de cinco de sus patriotas, presos injustamente en cárceles de los EEUU (ya se logró la libertad de los mismos); y por el respeto de las leyes internacionales consagradas en los pactos, tratados  y convenios sobre Derechos Humanos que tienen que ver con el principio de auto determinación de los pueblos a decidir su propio destino. Esta humana tarea perduró desde el año 2004 al 2010, habiéndose destacado por organizar en Cajamarca, el VII Encuentro Nacional de Casas de la Amistad Peruano-Cubanas (año 2007), con la asistencia de más de 150 representaciones nacionales (aproximadamente 850 delegados de todo el país).

2009-2019

La creciente agudización de los conflictos sociales en el Departamento de Cajamarca llevó a Wilfredo Saavedra y otros de asumir el reto de confrontarse nuevamente con las empresas mineras, principalmente con la empresa Newmont que impulsa el Proyecto Yanacocha y el Proyecto cuprífero Conga. A finales del año 2009, Wilfredo Saavedra fue designado Presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca (FDAC-CAJ) y retomó el trabajo de los anteriores dirigentes para fortalecer el compromiso en la defensa de los derechos de la ciudadanía y del medio ambiente, así como en la realización de acciones de control y fiscalización de las actividades extractivistas mineras su jurisdicción. El FDAC-CAJ es una organización que tiene en su seno a representantes de estudiantes universitarios, maestros, ronderos urbanos, comerciantes, trabajadores de mercados, vendedores ambulantes, trabajadores estatales, ronderos campesinos, amas de casa, profesionales, sectores de la iglesia católica, adventistas y presbiterianos, entre otros.

Al año 2009, ya se registraron 18 muertos resultantes de los conflictos mineros que surgían en las distintas provincias de Cajamarca. Las labores del Frente de Defensa Ambiental se veían obstaculizadas por la ofensiva periodística y en otros niveles político-sociales, por parte de la empresa Minera Yanacocha (Newmont), las que intentaban a presentar a los activistas como “elementos opuestos al progreso, al desarrollo”, “violentistas, terroristas”, entre otras adjetivaciones, en el afán de desprestigiar y aislarles ante el pueblo Cajamarquino. Sin embargo, las actividades del FDAC-CAJ han sido y vienen siendo reconocidas como positivas entre los campesinos y otros sectores de Cajamarca; esto también se refleja en el hecho de que las organizaciones que forman parte del Frente de Defensa Ambiental siguen ratificando su confianza en Wilfredo Saavedra para que los siga representando.

Wilfredo Saavedra y sus compañeros basaron su activismo en la suposición que la ampliación del proyecto extractivista de la empresa trasnacional Newmont con el Proyecto Conga iba a poner en serio riesgo el más importante eco sistema de Jalca ubicado en la zona de influencia de dicho proyecto (entre 3,400 a 4300 msnm) y que perjudicaría permanentemente a las provincias de Celendín, Bambamarca y Cajamarca (en forma directa), por lo cual unieron sus esfuerzos con las representaciones de los Frentes de Defensa de dichas provincias, a las que se anexaron los Frentes de Defensa de las provincias de San Marcos, San Pablo, Chota y las rondas campesinas de las provincias de Cajabamba, San Miguel, Santa Cruz, San Ignacio, Cutervo, Contumazá y Jaén. Partiendo del entendimiento de que su existencia como seres humanos, además de la vida de otras especies componentes de la bio diversidad del sistema Jalca, estaba en serio riesgo, optaron a exigir del Gobierno Central que atendiera las reclamaciones de los pobladores cajamarquinos que se oponían a dicho proyecto minero. Se llevaron a cabo una serie de acciones para ser atendidos por las autoridades hasta lograr de sostener audiencias públicas con las representaciones del Ministerio de la Presidencia (Oficina de Prevención de Conflictos), del Congreso (Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Medio Ambiente (meses de setiembre y octubre del 2011, realizado en el Auditorio de la Municipalidad Provincial de Cajamarca) y, luego con la presencia de los Ministros del Ambiente, Agricultura y Energía y Minas, con quienes se realizó una constatación a las lagunas donde se pensaba desarrollar el Proyecto Conga (noviembre del 2011).

Después de las declaraciones de los Ministros de Estado en favor de la viabilidad del precitado proyecto minero (con excepción de Ricardo Giesecke, Ministro del Ambiente) los Frentes de Defensa Ambientales y la población representadas por estos Frentes, organizaron el proceso de resistencia en favor de la intangibilidad de los territorios del proyecto Conga,  un proceso durante el cual se aplicó un método de dirección colectiva que consistía en que los acuerdos votados y asumidos en las asambleas populares deberían de ser implementados por dirigentes de dicho proceso, es decir obedeciendo el sentir colectivo expresado (principio de dirigir obedeciendo), evitándose con ello el surgimiento de “caudillos” y la deformación del movimiento.

Como parte del proceso de resistencia, los Frentes de Defensa organizaron la I Marcha Nacional del Agua (2 al 10 de Febrero 2012) que finalizó en un encuentro de manifestantes de varias regiones de Perú en la ciudad de Lima. Por la magnitud de los manifestantes y las propuestas en torno al respeto de la Madre Naturaleza; su defensa; la defensa de la vida; de los derechos ciudadanos y la exigencia por hacer de este mundo uno que les permita vivir como seres humanos, la Marcha atrajo la atención mediática internacional. Se promovió en esa oportunidad la generación de cuatro proyectos legislativos sobre agua como derecho humano, medio ambiente y la no utilización de cianuro y mercurio en las actividades extractivistas y protección de cabeceras de cuenca. (Estos esfuerzos se repitieron en el año 2015 con la II Marcha Nacional del Agua, con motivo de la realización del encuentro mundial G 20, sobre Cambio Climático en Lima.)

Como producto de la I Marcha Nacional del Agua, los días 29 y 30 de marzo del 2012, en la ciudad de  Cajamarca, 18 representaciones de Frentes de Defensa y organizaciones similares de Tacna, Moquegua, Arequipa, Cusco, Puno, Huancavelica, Ayacucho, Junín, Lambayeque, La Libertad, Huaraz, Iquitos, San Martin, Amazonas, Piura, Lima, Lima provincias e Ica, decidieron constituir la Asamblea Nacional de los Pueblos del Perú y el Tawantinsuyu (ANPPT). Esta organización nació por la necesidad de contar con un ente aglutinador de los esfuerzos en defensa de la naturaleza y los seres humanos, no tiene fines políticos partidarios; y conforme los establece su Estatuto, tiene por finalidad, desarrollar acciones de coordinación, fiscalización, defensa y oposición al extractivismo de recursos naturales. En Cajamarca, Wilfredo Saavedra fue elegido representante nacional de esta organización, – función que sigue cumpliendo hasta el día de hoy (setiembre de 2019).

El proceso de resistencia ciudadana contra el proyecto Conga, se caracterizó además porque, a diferencia de otros procesos en Perú, reivindicaba la exigencia de utilizar adecuadamente el potencial de los recursos naturales. Según las palabras de Wilfredo Saavedra, “más allá de la reclamación y protesta cotidiana fuimos capaces de sostener y demostrar que no queríamos ni queremos minería a tajo y cielo abierto, contaminante con uso de mercurio y cianuro; que se respeten los estándares internacionales sobre conservación y protección del medio ambiente; que se respeten los derechos de las comunidades afectadas. Proponíamos, por el contrario, que dejemos de ser meramente extractivistas; que potencializáramos la agricultura y ganadería; que aprovecháramos los espacios territoriales paisajísticos para el desarrollo de actividades turísticas; que diversificáramos e industrializáramos nuestras potencialidades, entre otras exigencias.” Estas ideas no fueron consideradas por los políticos responsables de esta época. Se reprimió las movilizaciones con el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y el Ejercito; se impuso dos Estados de Emergencia, con sustracción de los más elementales derechos y con la perdida de cinco vidas humanas (3 y 4 de julio del 2012, cuatro manifestantes en la ciudad de Celendín, un manifestante en Bambamarca); a los que se suman un aproximado de 200 personas heridas.

Por las actividades gestionadas durante el proceso de resistencia desde finales del noviembre de 2011 hasta el octubre del 2012, más de 300 ciudadanos – entre otros Wilfredo Saavedra – fueron perseguidos y luego procesados en el Ministerio Publico de Cajamarca y en otras  jurisdicciones como las de Bambamarca, Celendín y Lambayeque. En su mayoría, estas acusaciones son atribuibles a la política de la criminalización de la expresión libre de opinión y de la protesta social, para crear un efecto disuasorio en la ciudadanía y reprimir la defensa del medio ambiente y la resistencia en contra de proyectos mineros. Wilfredo Saavedra estuvo confrontado con aproximadamente 68 investigaciones preliminares (por ejemplo, por el supuesto entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos). La mayoría de las investigaciones han sido archivadas; en una fue sentenciado a cuatro años de pena privativa de libertad en forma suspendida, que se cumplió en setiembre del año 2017, por el delito de afectación a los servicios públicos de transportes; y, el pago de 10,000.00 soles peruanos de reparación civil. Otra investigación que está pendiente es sobre secuestro en agravio de un trabajador de la empresa trasnacional Minera Newmont, usurpación, daño agravado, lesiones y hurto, que se ventila en la jurisdicción de Bambamarca. El delito de secuestro se sanciona hasta con penas superiores a los 30 años de pena privativa de libertad.

Como resultado de las fuertes protestas civiles y de las iniciativas de los frentes de defensa ambientales, las operaciones en la mina Conga se detuvieron en 2016 y no se han reiniciado desde entonces. Como proyecto, está paralizado. Lo que se hace es el control de carreteras y su mantenimiento por parte de la empresa minera. No hay otras actividades en al zona, que esta siempre custodiada por los campesinos de la zona.

A inicios del año 2019, Wilfredo Saavedra, conjuntamente con otros cuatro abogados, conformó un colectivo de abogados, mediante el cual cada uno de sus miembros se compromete de aportar con sus conocimientos y servicios profesionales a brindar asesoría y representación legal a individuos y organizaciones sociales en las zonas urbanas y rurales del Departamento de Cajamarca en la defensa de sus derechos humanos y los derechos ambientales, así como llevar a cabo capacitaciones sobre los derechos y deberes de la ciudadanía así como la protección del agua y del medio ambiente.

Asesoría y defensa legal de ciudadanos y ciudadanas, comunidades y organizaciones civiles

Según sus registros, desde el año 2000, el Abogado Wilfredo Saavedra ha brindado asesoría legal y ha defendido gratuitamente a más de 2,300 campesinos y activistas ambientales de la región de Cajamarca, quienes han sido acusados, maltratados o agredidos por la corporación minera y/o por las autoridades gubernamentales por sus acciones civiles en defensa de sus derechos humanos y ambientales:

– 130 campesinos y estudiantes que fueron detenidos por las protestas en favor de la intangibilidad del Cerro Quilish, en la localidad de Cajamarca (año 2004).

– 204 campesinos miembros de las Asociaciones denominadas Canales de Regadío San Martin y Tupac Amaru, en la zona intermedia entre el Cerro Quilish y la ciudad de Cajamarca, por la contaminación de sus aguas, por parte de Minera Yanacocha. Estos campesinos luego fueron “convencidos” para no continuar con sus denuncias a cambio de dinero (año 2005).

– Cuatro campesinos y profesores denunciados por la empresa Misky Mayo por defender el Cerro Mogol que pretendía ser destruido con fines extractivistas mineros, en la jurisdicción de la provincia de San Marcos (año 2008).

– A la comunidad campesina de Cumbico (500 miembros), ubicada en la jurisdicción del distrito de Magdalena, provincia de Cajamarca para evitar que le resten aproximadamente 75 hectáreas de sus tierras comunales en favor de un tercero y particular que la reclama con fines de venta para la empresa Yanacocha (desde el año 2003 al 2015).

– A la comunidad campesina de San Andrés de Negritos (1.200 campesinos) ubicada en la zona denominada Alto Perú (tierras cercanas a las 284 lagunas inventariadas como zona de alta vulnerabilidad y pendiente de ser declarada intangible), que pertenece al distrito de La Encañada, provincia de Cajamarca, que igualmente se le resto a nombre de particulares no comuneros 1.030 hectáreas de sus tierras, con títulos fraguados y que luego de 12 años de defensa legal (2006-2018) se logró demostrar que esas tierras son de propiedad de dicha comunidad campesina. El proceso de desalojo de los invasores sigue siendo inconcluso, y a la espera de hacer el desalojo y pueda así tenerse el control de dichas tierras por parte de la Comunidad Campesina.

– Cinco campesinos de la zona de Santa Rosa, cercana al Rio Marañón que pertenecen a las provincias de San Marcos y Cajabamba, por el conflicto surgido en defensa de dicho río y contra los proyectos de construcción de las represas Rio Grande I y Rio Grande II, por parte de la empresa Odebrecht.

– Asesoría a cuatro ex trabajadores de Minera Yanacocha contaminados con metales pesados.

– Asesoría a comunidades aledañas a la zona denominada La Shacsha, comprensión del distrito de Baños del Inca, donde se desarrolla una ampliación del proyecto minero Carachugo de la empresa Yanacocha – Newmont, que ha destruido un poco más de 30 manantiales o zonas de recojo de aguas para estas poblaciones; así como para defender la legalidad de la Ordenanza N° 051-2006-MDBI, emitida por la Municipalidad del distrito de Baños del Inca, por la que se declara la intangibilidad de este territorio (año 2012 al 2014).

– Asesoría a los pobladores de la provincia de San Pablo y su Frente de Defensa en la defensa de la zona denominada Pozo Seco, que pretende ser explotada con fines mineros por Yanacocha (año 2012 al 2013).

– Defensa de 14 ciudadanos de la provincia de Celendín y del distrito de  Cortegana denunciados por la empresa Odebrecht y el Ministerio del Interior por sus protestas contra el mega proyecto Hidro energético Chadin II (represa a construir en el Rio Marañón (año 2017 a 2018).

– Defensa de miembros de Canales de Regadío (350 campesinos) en la periferia de la ciudad de Cajamarca, por desaparición de sus fuentes de agua, producto de las exploraciones y explotación de tajos mineros Maqui Maqui y otros (desde el año 2004 a la actualidad; sigue siendo pendiente su solución).

– Asesoría a dirigentes de Frentes de Defensa de Cañete y de la Comunidad Campesina de Mala provincia de Cañete, Lima, en relación a intromisión de proyecto minero en su zona comunal (año 2015).

– Asesoría a dirigentes de Frentes de Defensa de Puno, Tacna, Moquegua, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Cusco, La Libertad, Lambayeque, Lima provincias, Lima metropolitana, en su condición de dirigente nacional de la Asamblea Nacional de los Pueblos del Perú y el Tawantinsuyu (ANNPT, desde el año 2012 a la actualidad), en torno a los proyectos mineros ubicados en sus territorios y la defensa de los ecosistemas y cabeceras de cuenca.

– Defensa de dirigente de Junta Vecinal, sector La Florida, Cajamarca ciudad, José Rojas Carrera, implicado en el conflicto Conga (año 2014 al 2018).

– Asesoría a dirigentes de Frente de Defensa Ambiental de la provincia de Cajabamba en torno a la defensa de su territorio y los derechos ciudadanos contra el proyecto minero Shulliden Shauindo (año 2018 a la actualidad). Su apoyo sigue pendiente; se ejerció la defensa en la Corte Superior de Cajamarca, y fueron absueltos los dirigentes procesados. Actualmente, Wilfredo Saavedra sigue prestando apoyo en la conformación del nuevo Frente de Defensa de la Cuenca del Rio Cajamarcquino, conformado por los Frentes de Defensa de Cajabamba, San Marcos y Cajamarca.

– Asesoría a dirigentes y componentes de las Rondas Campesinas del distrito de José Sabogal, provincia de San Marcos, Cajamarca, en torno a derechos de los mismos, el convenio 169 de la OIT y justicia especial alternativa.

– Asesoría a Consejos Directivos del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) y sus agremiados en las provincias de Cajamarca y San Marcos en relación al papel que deben cumplir los maestros en sus zonas de trabajo frente a la injerencia de las empresas mineras, la defensa de los territorios comunales.

– Asesoría a cada uno de los representantes del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, en relación a los derechos ambientales; así como a los dirigentes populares de esta provincia.

Para comprender completamente el peso de su perseverancia, pero también los riesgos a los cuales Wilfredo Saavedra está expuesto diariamente, se debe tener en cuenta que, a pesar de unos veinte años de minería en la zona, la región de Cajamarca sigue siendo una de las más pobres del país. Las oportunidades de empleo son muy limitadas y la reducción de tierras cultivables, la deforestación, la contaminación del agua, y la escasez de agua potable son realidades diarias para la gente de esta región, que alberga la segunda mina de oro más grande y más rentable del mundo, la mina Yanacocha. Por su resistencia y activismo, Wilfredo Saavedra recibió y sigue recibiendo amenazas de muerte.

Autores: Dra. Anna Barrera Vivero (GLS Zukunftsstiftung Entwicklung, Bochum, Alemania), en estrecha colaboración y autorización de parte del Abogado Wilfredo Saavedra (Cajamarca, Perú).

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